Pedido de informes y propuesta de Marcolongo
La obra de gas en Mendiolaza sigue siendo uno de los temas más complejos y debatidos de la agenda local. Tras años de espera y reclamos vecinales, el Concejo Deliberante aprobó finalmente un pedido de informes impulsado por el concejal Martín Marcolongo. La iniciativa busca echar luz sobre el Decreto 83/2026, emitido por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) para regular la forma en que se reconocerá el aporte de los vecinos afectados por el doble pago de la obra de gas. Según el concejal, las nuevas obras deben considerarse continuación de las iniciadas hace 20 años y propone que el costo de las conexiones de quienes aportaron entonces, sea prorrateado entre quienes aporten ahora.
La legalidad del Decreto 83/2026 y las competencias del Ejecutivo
El principal cuestionamiento de Marcolongo hacia el decreto del Ejecutivo no radica únicamente en su contenido, sino en la competencia legal para emitirlo. El concejal advierte que la medida podría estar avanzando sobre atribuciones exclusivas del Concejo Deliberante, especialmente en materia tributaria.
El decreto propone un beneficio graciable que compensa tasas futuras (equivalente a un año de tasa). Según los cálculos de Marcolongo, con un promedio de 250.000 pesos por tasa anual para más de 400 vecinos afectados, el impacto económico superaría los 100 millones de pesos comprometidos de las arcas públicas.
Al respecto, Marcolongo señaló en entrevista:
“Principalmente lo referido a las atribuciones que tiene el Ejecutivo para determinar este beneficio graciable, que ya técnicamente es raro el nombre, pero donde se genera una compensación de una deuda que no está reconocida. Esa compensación implica cuestiones tributarias que tenemos que analizar si tiene competencia o no el Ejecutivo para determinarlas.”
Los valores de las tasas, las exenciones y los planes de pago son aprobados por el Concejo Deliberante en la Tarifaria anual, con doble lectura y audiencia pública obligatorias, un circuito legislativo que en esta oportunidad fue evitado por el Ejecutivo.
“Tenemos que ver si tiene la capacidad para hacerlo… ver si el decreto tiene la capacidad legal para ser realmente efectivo”, enfatizó.
Continuidad histórica: de la Ordenanza de 2004 a la actualidad
Para comprender el conflicto, es necesario remontarse a la Ordenanza 389 del año 2004, la cual originó el plan de gasificación para toda la ciudad de Mendiolaza bajo la modalidad de contribución por mejoras. Esta normativa, que sigue vigente y no ha sido derogada, sumó en su momento la adhesión de aproximadamente 421 vecinos.
Con los aportes de estos contribuyentes originarios, sumados a recursos provinciales y municipales, se ejecutaron hitos clave de la infraestructura: el gasoducto en 2006 y la planta reductora en 2007, además de conexiones domiciliarias en sectores como Valle del Sol y Mendiolaza Golf.
Marcolongo sostiene que la nueva ordenanza de contribución por mejoras sancionada el año pasado —que otorga mayor autonomía y flexibilidad a los vecinos para organizarse con empresas privadas— debe entenderse como una continuidad de la norma de 2004:
“La obra de gas comienza con el gasoducto, la planta reductora en el 2006 y 20 años después se están haciendo conexiones domiciliarias. Eso está claro… Todos los aportes tienen que ser reconocidos, indiferentemente del plazo de tiempo. Porque el aporte fue para la obra en su totalidad.”
Prorrateo entre vecinos y no desembolso municipal
Una de las mayores discrepancias radica en cómo compensar a los aportantes históricos sin desfinanciar al municipio ni perjudicar a los nuevos usuarios. Según el concejal, el Ejecutivo dictó el decreto por temor a tener que desembolsar sumas millonarias de manera directa, un enfoque que considera erróneo.
La solución propuesta por Marcolongo consiste en realizar un prorrateo práctico dentro de cada traza de obra. Por ejemplo, en el caso de Barrio Centro (donde la obra está avanzada y cuenta con unos 80 o 90 aportantes históricos), el costo de la nueva conexión domiciliaria debería dividirse entre los vecinos que aún no han pagado, reconociendo el aporte previo de quienes ya abonaron el gasoducto y la planta reductora en 2006 y 2007.
“El error es que no lo tiene que desembolsar el ejecutivo. Sí, el vecino aportante ya aportó, y la obra se realizó, tiene que ser prorrateado por los otros vecinos. Me parece que esa es la lógica, esa debería haber sido la continuidad de estas dos ordenanzas.”
El antecedente de 2010: el informe al exintendente Daniel Salibi
El pedido de informes actual también busca determinar con precisión el universo de beneficiarios. Aunque informalmente desde el municipio se ha llegado a decir a los vecinos que “no se sabe” cuántos son los aportantes originales —excusándose en supuestos problemas informáticos o hackeos visuales en las pantallas de las oficinas—, existen antecedentes documentales concretos.
Específicamente, en el año 2010, se emitió una respuesta a un pedido de informes presentado al entonces intendente Daniel Salibi sobre el estado de la obra de gas. En dicho documento ya figuraban cifras nominales que daban cuenta del universo de aportantes (estimado originalmente en 421 vecinos).
Marcolongo insiste en que el municipio debe responder oficialmente si dispone o no de esta base de datos, la cual debería ser fácilmente recuperable mediante el histórico de pagos por designación catastral:
“Oficialmente nadie dice si la tiene o no la tiene y si no la tiene estamos en un problema… No es tan difícil, es simplemente un histórico de un libre deuda o un histórico de pago realizado por la designación catastral y los timbres… Queremos que oficialmente nos respondan: ¿Tienen la información? ¿Tienen todos los vecinos que han aportado? ¿Tienen los vecinos que ya se han beneficiado con las obras?”
Cabe destacar que de los 421 aportantes originales, una parte ya se vio beneficiada con las obras realizadas con posterioridad en los barrios Valle del Sol y Mendiolaza Golf, por lo que el universo de vecinos que aún aguardan el reconocimiento de su dinero es menor al total histórico.
El camino hacia el pedido de informes en el Concejo Deliberante
La aprobación del pedido de informes contó con el respaldo de seis concejales, con la única excepción del concejal Manno, quien presentó argumentos en contra de la aprobación.
Consultado sobre por qué tomó la iniciativa de presentar esta solicitud de manera formal, Marcolongo explicó que actuó con prudencia institucional tras la sorpresiva aparición del Decreto 83/2026:
“En lo personal tomé con prudencia el tema. Nosotros nos desayunamos de un día para el otro con el decreto 83. Eh, para no generar un encontronazo institucional entre el Consejo y el DEM fue que el presidente había solicitado información, información que no llegó, esperé prudencialmente dos comisiones y ante la inexistencia de esta información hice el pedido de informe.”
Con este pedido aprobado, el Concejo Deliberante de Mendiolaza espera las respuestas formales del Ejecutivo para evaluar la legalidad del decreto y definir las acciones a seguir en defensa del patrimonio público y de los derechos de los vecinos afectados.
