Sin respeto por lo público ni por lo privado
Tras años de conflictos internos en Sierra Nueva, un viejo conflicto en Mendiolaza, recrudece con el reclamo de los vecinos que piden la intervención del municipio y del Concejo Deliberante. Denuncian ocupación ilegal del espacio público, controles ilegales, cobros indebidos y daños a la propiedad privada por parte de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) Sierranueva que pretende administrar el barrio. Ya han iniciado acciones judiciales tanto en el fuero civil como en el penal contra la SAS y esta semana tuvieron una reunión con el Ejecutivo Municipal que ratificó que se trata de un barrio abierto y prometió fiscalización.
La apropiación de lo público
La vulneración al carácter de barrio abierto de Sierra Nueva por parte de la SAS y la falta de acción del Estado no es una novedad. Lo que sí empieza a aparecer como nuevo son las consecuencias que este avasallamiento tiene sobre la calidad de vida, e incluso sobre la salud de los vecinos. Desde hace semanas comenzaron a escucharse en el Concejo Deliberante relatos de vecinos que prefieren vender sus casas antes de enfrentar las situaciones de violencias que tienen su origen en esa situación.
Uno de los puntos más críticos que denuncian los vecinos de Sierra Nueva es la ocupación y utilización irregular de espacios públicos por parte de la SAS que opera como una administración barrial.
“Te piden DNI, a quién vas a ver, y revisan el baúl a los trabajadores. Ponen horarios de trabajo y no te dejan entrar ciertos días, como si fuera un barrio cerrado”, afirmó Carolina Pozzo, vecina del barrio en Mañanitas de Mendiolaza por la 102.7 FM Demendiolaza.
También, según se relató en el en Concejo, la SAS ha implementado un sistema de cámaras que apuntan hacia el espacio público y e incluso a las propiedades de vecinos que no están de acuerdo, y que es monitoreado por un particular.
Pozzo, relata acciones como la apropiación de espacios verdes, incluyendo plazas, que han sido incorporados a la SAS como si fueran parte de su capital social. Esto ha motivado acciones judiciales diversas. «Hemos denunciado como que hay una asociación ilícita, porque no puede ser que un grupo de personas se haga dueña de espacio público”.
Según relataron los vecinos, en los últimos días la SAS dispuso “podas indiscriminadas de árboles” en áreas verdes, tarea que le corresponde al municipio. Pese a que inmediatamente alertaron a las áreas correspondientes, ningún representante municipal llegó en ese momento para evitar que prosiguieran.
Entre otras acciones similares, señalan la instalación de vallas en la vía pública y modificaciones en las veredas que impiden el paso o incluso el ingreso vehicular a viviendas particulares y lomadas sobre calles de tierra y con pendiente, sin estudios ni permisos municipales. “Hacemos responsables al municipio ante eventuales accidentes”, advirtieron.
Además, el año pasado la SAS habría dispuesto la apertura de una picada cortafuego sobre el campo colindante al barrio, arrasando ejemplares de árboles autóctonos, sin autorización. La acción fue constatada por la Municipalidad de Villa Allende, a cuyo éjido pertenece el terreno intervenido y puesto en conocimiento de Policía Ambiental. También existe una denuncia ante el mismo organismo realizada por los vecinos de Sierra Nueva.
Los alcances de los acuerdos entre privados
En el plano de lo privado, la conflictividad no es menor y los problemas son tanto para quienes integran la SAS como para quienes no lo hacen.
Tanto unos como otros son compelidos a pagar servicios y expensas, bajo amenaza de acciones legales. Otros testimonios volcados por vecinos que se acercaron al Concejo Deliberante, coinciden en describir que han recibido cartas documento de estudios jurídicos que les exigen el pago de expensas bajo la amenaza de acciones legales, han sido convocados a mediaciones judiciales teniendo que asumir el costo, o son incluidos en listas de deudores que se difunden entre el resto de los residentes.
Quienes integran la SAS afrontan, además, otros problemas. “Firmamos para ingresar por una cuestión de confianza o incluso desconocimiento, pero ahora no podemos salir, salvo vendiendo la casa. Somos solidarios de las contravenciones que se cometan”, dijo. Agregó que nuevas incorporaciones a la SAS se hacen mediante presiones, como la supuesta condonación de deudas inexistentes si se firma la adhesión.
La estructura misma de la SAS refuerza el problema: según relata Pozzo, los tres miembros fundadores concentran el control de la mayoría de las acciones. Esto les permite tomar decisiones sin oposición en las asambleas. En este sentido Pozzo señala como ejemplo que la última asamblea realizada el año pasado se presentaron sólo los tres miembros fundadores, quienes concentran más del 70% de las acciones, prescindiendo así de los votos de otros vecinos miembros de la SAS.
La génesis de los conflictos
Sierra Nueva se encuadra en una situación particular. Desde su creación como barrio abierto en 2014, contó con alambre perimetral y pórtico de ingreso. Con el tiempo se fueron agregando las barreras, los guardias y otras medidas que no se corresponden con su categoría de barrio abierto. En 2021, mediante una ordenanza el Concejo Deliberante reguló esta situación que se venía dando de hecho, y aprobó que se trate de un Barrio Abierto con Control de Acceso. Pero la ordenanza no detallaba cuáles eran las atribuciones que se tenían para controlar, ni especificaba quién debía hacerlo.
Esta figura de “barrio abierto con control de acceso” no está contemplada en el Código Civil y Comercial, y sólo existe por ordenanza local. Para Hernán Petrelli, abogado especialista y titular del módulo abierto Normativa y derecho urbanístico ambiental de la maestría en Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UNC, se trata de “una figura para estados bobos”, toda vez que al Estado le queda todo el costo propio de un barrio abierto, y todo el riesgo que surge de las acciones realizadas como si se tratase de un barrio privado.
Cuestionamientos a la ordenanza vigente
Vecinos del barrio solicitaron por nota al Concejo Deliberante que se garantice la plena vigencia de la ordenanza 651/2014, que reconoce al barrio como urbanización abierta, cuestionando la figura de “barrio abierto con control de acceso”, que ha dado lugar a situaciones que consideran inconstitucionales. También estuvieron presentes en el recinto durante los trabajos de comisión para exponer sus casos ante los ediles.
Los firmantes señalaron que “no es posible que por una modificación de declarar a este barrio como ‘abierto con control de acceso’, un grupo de vecinos se atribuya injerencias en espacios públicos y también privados”.
Sin embargo, el objeto social declarado por la SAS en su creación incluye puntos a simple vista incompatibles con la vida de un barrio público, tales como «Dictar normas reglamentarias para el Barrio Sierranueva para aplicación a los socios y/o terceros» o «Aplicar y percibir las multas que pudieren corresponder como consecuencia de eventuales infracciones al reglamento interno del barrio».
Toda la información puede encontrarse en la página 18 del Boletín Oficial del 26 de octubre de 2020.
El Ejecutivo responde: Sierra Nueva sigue siendo un barrio abierto
En paralelo, vecinos mantuvieron una reunión con el secretario de Coordinación, Javier Masuero. Allí, según relatan, recibieron una nota firmada por la intendenta donde se reconoce oficialmente que Sierra Nueva es un barrio abierto, y entre otras cosas, se reafirma que el “control de acceso” no implica que los vecinos estén obligados al pago de expensas.
Ante los planteos presentados, Adela Arning respondió con una nota institucional firmada en conjunto con la Asesoría Letrada. Allí se afirma que Sierra Nueva fue aprobado como urbanización abierta por ordenanza 651/2014, y que dicha naturaleza jurídica no fue modificada.
“No corresponde establecer barreras, restricciones de acceso ni controles que limiten el uso de los espacios públicos”, señala la respuesta oficial. Además, se aclara que la categoría “barrio abierto con control de acceso”, incorporada por la ordenanza 900/2021, “no encuentra respaldo en el código de edificación vigente ni en la legislación superior aplicable”, por lo que “carece de efectos jurídicos vinculantes y puede dar lugar a interpretaciones erróneas o abusivas”.
En cuanto a la sociedad SAS, la Intendenta aseguró que no cuenta con reconocimiento oficial para ejercer funciones de administración barrial, control de ingresos ni percepción de aportes obligatorios. “Toda asociación vecinal debe regirse por el principio de voluntariedad y actuar dentro del marco legal”, expresó.
Arning anunció que se convocará una mesa institucional de diálogo con participación de todos los sectores vecinales. También informó que se instruyó a las áreas técnicas municipales para que fiscalicen las condiciones del barrio y, de ser necesario, adopten medidas que garanticen la legalidad y el uso equitativo del espacio público.
“Esto es lo que nosotros necesitamos, estos instrumentos firmados por autoridades competentes nos permiten defendernos ante la justicia”, explicó Pozzo.
