Buscan regular salud, recolección de residuos y arreglo de calles
El pasado miércoles ingresó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza propuesto por el Ejecutivo, que busca declarar a la recolección de residuos, la atención de salud, y la reparación y mantenimiento de las calles en situaciones críticas, como servicios esenciales en Mendiolaza. De esta manera, se pretende limitar la afectación de estas prestaciones en caso de paro o huelgas de los empleados del municipio. Desde los gremios que representan a los trabajadores municipales se han manifestado en contra: » El Ejecutivo está involucrando a los vecinos para tomar una decisión como excusa para disciplinarnos».
Recolección de residuos, Salud y Calles, esenciales en Mendiolaza
En la Comisión de trabajo del Concejo Deliberante ingresó para su tratamiento un proyecto de ordenanza que propone declarar como servicios esenciales, en el ámbito de la Municipalidad de Mendiolaza, a la recolección de residuos sólidos urbanos, la atención primaria de salud en los centros municipales y la reparación, mantenimiento y adecuación de arterias que se tornen intransitables, según evaluación del área técnica correspondiente, por causas atribuibles a inclemencias climáticas o a la ejecución de obras públicas.
La iniciativa se fundamenta en la necesidad de garantizar en todo momento la continuidad de ciertas prestaciones mínimas e indispensables para la comunidad, considerando que la protección de la salud pública, la higiene urbana y la transitabilidad básica de las vías de circulación constituyen funciones esenciales que el municipio debe asegurar de forma permanente y continua.
El texto señala que estos servicios resultan fundamentales para preservar la salubridad, el orden público y el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana, y que en situaciones de emergencia climática, sanitaria o técnica deben contar con mecanismos ágiles de respuesta para evitar perjuicios graves a la población.
El proyecto establece en su artículo 2 que el Departamento Ejecutivo deberá adoptar las previsiones necesarias para garantizar la continuidad y regularidad de los servicios enumerados, aun en contextos de emergencia o alteración del funcionamiento administrativo habitual. En el artículo 3 se invita a los representantes del personal municipal y a las entidades gremiales con actuación en el municipio a colaborar en la implementación de mecanismos que aseguren el cumplimiento de los servicios esenciales, en el marco del diálogo institucional y la negociación colectiva.
La propuesta aún no inició la etapa de análisis en el Concejo Deliberante y deberá ser debatida antes de su eventual aprobación.
El gremio municipal rechaza el proyecto
El Sindicato de Empleados y Trabajadores Municipales de Mendiolaza (SETMM) manifestó su rechazo al proyecto de ordenanza que propone declarar esenciales la recolección de residuos, la atención primaria de la salud y la reparación de calles.
Desde el gremio consideran que la iniciativa busca “restar fuerza” a las medidas de reclamo y “recortar derechos laborales”, en particular el derecho a huelga. Señalan que la propuesta no se ajusta a la definición nacional de servicio esencial, limitada a prestaciones cuya interrupción ponga en riesgo la vida o la salud, y que responde, en cambio, a “la falta de gestión” del Ejecutivo para resolver conflictos laborales. “reprimirnos y callarnos no es la solución a los problemas que hay hoy en Mendiolaza”, señalaron desde SETMM sus autoridades Etel Postay y Paula Esteban.
Recordaron que durante el último paro, desde el Ejecutivo, “no tuvieron cómo resolver la recolección de residuos ni el arreglo de las calles” y aseguraron que el impacto de la ordenanza sería negativo para la negociación colectiva. También remarcaron que no conocen otros municipios del corredor con una norma similar, salvo medidas transitorias en situaciones de emergencia, como sucedió tras las inundaciones de 2015 donde se buscó asegurar los servicios tendientes a reconstruir las ciudades afectadas.
Respecto de la relación con el Ejecutivo, expresaron que siempre buscaron el diálogo y un trabajo conjunto, pero que “la incapacidad de negociación” ha derivado en un clima laboral difícil. “Buscan prohibir y limitar la huelga que es un derecho de hace muchísimos años. Claramente el Ejecutivo está involucrando a los vecinos para tomar una decisión como excusa para disciplinarnos. Quieren disciplinar a empleados que no han hecho nada más que en su momento reclamar un aumento salarial”, señalan desde SETMM.
Sobre la posibilidad de que se apruebe la ordenanza, fueron tajantes: “No vamos a acompañar en esto. Va a ser rechazado y lo vamos a pelear como sea”. En contrapartida, sostienen que la prioridad debería ser mejorar las condiciones laborales y promover la capacitación de los trabajadores.
El gremio advirtió que la iniciativa llega en la antesala de la apertura de paritarias en octubre, lo que interpretan como parte de “una estrategia” del Ejecutivo para debilitar sus reclamos y condicionar las negociaciones futuras.
Los servicios esenciales en Argentina y en Córdoba
En Argentina, los servicios esenciales son aquellos cuya interrupción puede poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. La normativa principal, el Decreto 843/2000, reglamenta servicios sanitarios, hospitalarios, distribución de agua potable, energía y telecomunicaciones. Este marco restrictivo busca proteger derechos vitales sin limitar excesivamente el derecho de huelga.
En la provincia de Córdoba, la Ley 10.461 amplió este concepto al declarar como servicio esencial al transporte público de pasajeros, junto con la provisión de agua potable y energía. Esta medida generó una fuerte controversia. Los gremios en su momento, cuestionaron la competencia provincial y el impacto sobre el derecho a huelga. A pesar de haber sido aprobada en 2017 por la legislatura provincial, y posteriormente reglamentada por el Ejecutivo en 2018, nunca llegó a aplicarse, convirtiéndose en “letra muerta”, ya que hasta la actualidad estos sectores se ven resentidos por medidas de fuerza sin que esta ley llegue a ser ejecutada.
En este contexto, lo más reciente llega con el intento del Gobierno Nacional de ampliar drásticamente la definición de servicios esenciales. Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025, se incluyeron sectores que van mucho más allá de lo tradicional: educación en todos sus niveles, atención a menores, transporte aéreo, marítimo, aduanas, gas, telecomunicaciones, hasta la marina mercante. Se estableció la obligación de garantizar entre el 50 % y el 75 % del servicio incluso en huelgas.
Este decreto generó una fuerte reacción sindical y de organizaciones de derechos humanos (como el CELS), que lo denunciaron como una violación a la Constitución, a la libre asociación, y a convenios internacionales ratificados por Argentina.
Como respuesta la Justicia, en particular a través de un fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N°3, declaró inconstitucional la aplicación de los artículos 2 y 3 del DNU, al entender que el Congreso se encontraba en pleno funcionamiento y no existían circunstancias de urgencia que justificarán omitir el proceso legislativo. La jueza Moira Fullana también advirtió que el decreto vulnera la libertad sindical y el derecho de huelga.
De esta forma, la regulación de los servicios esenciales en Argentina busca equilibrar el derecho constitucional a huelga con la necesidad de mantener servicios básicos. Sin embargo, el foco de disputa se encuentra en la concepción e interpretación de qué entiende cada gobierno por servicios esenciales, desde el punto de vista de su importancia vital para la ciudadanía priorizando aquellos aspectos tendientes a preservar la vida de las personas, y con el foco puesto en la no vulneración de derechos constitucionales como el derecho a huelga.
