Fermín Denipoti, de cubrir el reclamo de la CTA a Bouwer
Lo que para Fermín Denipoti comenzó como una cobertura de una marcha de la CTA Autónoma en Córdoba terminó en un operativo policial con represión, y su detención e imputación. El vecino y trabajador de prensa de Mendiolaza detenido denunció agresiones a colegas, maltratos psicológicos en la cárcel de Bouwer y la retención de su celular, su principal herramienta laboral.
Una cobertura que terminó en detención
“El día jueves de la semana pasada, en horas del mediodía, yo me encontré realizando una cobertura de prensa. Yo soy trabajador de prensa de ATE Córdoba y era una jornada nacional de lucha de la CTA Autónoma”, comenzó relatando Fermín Denipoti en Mañanitas de Mendiolaza por la 102.7 FM Demendiolaza.
El periodista explicó que la movilización incluía una marcha a la Secretaría de Políticas Sociales y luego una reunión institucional entre dirigentes sociales y funcionarios de la Municipalidad de Córdoba.
“Habrá habido más de mil personas. Cuando estaba realizando las tomas panorámicas veo un tumulto en la puerta. Había una resistencia de ciertos policías para que ingresen algunos dirigentes sociales. En ese momento un dirigente me presenta como trabajador de prensa y el oficial Romero me deja ingresar. Eso se puede constatar en las cámaras”, señaló.
La tensión dentro de la Secretaría
Denipoti describió un escenario muy distinto al que esperaba: “Yo me imaginaba una cobertura de corte institucional, una reunión entre dirigentes sociales y funcionarios. Pero lo que vi fue que los dirigentes denunciaban que un policía varón le había pegado a una dirigente social mujer. Ahí empezó la tensión”.
Contó que “una mujer quería salir de la Secretaría y no la dejaban. Se armó un cerco policial en la puerta”. Y agregó: “Otro oficial, alto y flaco, sin identificación, se me acerca y me pone su celular en la cara, filmándome. No me dijo nada, no me explicó para qué”.
La llegada de Infantería
El periodista recordó que dos mujeres, que supuso funcionarias, intentaron calmar la situación. “Dijeron que iban a subir al segundo piso y bajar con una solución. Pero en ese momento ingresó Infantería. Nos pusieron las manos contra la pared y nos llevaron detenidos. No llegaron a bajar las funcionarias”.
Denipoti aseguró que hasta ese instante no había incidentes dentro del edificio: “No estaban rompiendo nada, no había un clima de tranquilidad, pero sí de miedo y nerviosismo. Los dirigentes estaban sorprendidos. Yo registré el momento en que nos hacen el cordón y no nos dejan salir. También a Federico Giuliani relatando lo que estaba pasando”.
Golpes a dirigentes y periodistas
“Cuando entra Infantería le fracturan el brazo a Federico Giuliani mientras lo esposaban. Yo también fui esposado, no recibí golpes salvo la presión de las esposas”, señaló.
En el exterior, Denipoti observó cómo otros colegas fueron agredidos: “Un periodista de La Ranchada quiso filmar y la policía le pegó. A otro de Radio Mitre también, y a otro de Río Suquía. Y al otro día el Ministro Quinteros salió a decir que el protocolo con la prensa fue excelente. Eso me dio mucha impotencia, porque hubo por lo menos cuatro colegas golpeados y a mí me metieron preso e imputado”.
Imputación inesperada
El trabajador de prensa contó que estuvo largas horas en Tribunales: “No me dieron ni un vaso de agua. Me imputan por resistencia a la autoridad y lesiones leves”.
Sorprendido, explicó: “Eso implicaría que golpeé a alguien, pero yo no tengo idea de por qué se me acusa. Estaba con mi celular cubriendo, pedí permiso para ingresar y así fue la situación. No tengo la menor idea de qué se me imputa”.
Finalmente, relató que tras esa instancia en Tribunales fue trasladado a la cárcel de Bouwer.
“Yo estaba con un grupo de cinco dirigentes sociales. Todo era maltrato psicológico: nos decían que íbamos a dormir en celdas separadas, que íbamos a estar una semana ahí, que si queríamos estar juntos era porque éramos novios. En Bouwer los médicos y trabajadores estaban sorprendidos por la situación. Me liberan de madrugada, sin celular, sin billetera, sin cordones, ni cinto, ahí en el medio de Bouwer”.
El celular secuestrado y las restricciones
Sobre su incomunicación, relató: “El celular me lo retienen en Tribunales 2. La gente afuera no sabía dónde estábamos, no dieron ningún tipo de información. Se enteraron de manera informal que estábamos en Bouwer. Por suerte había gente esperándonos, si no, no sé cómo íbamos a volver”.
“Hasta el día de hoy tienen secuestrado mi celular, que es mi herramienta de trabajo. Todavía no me lo devuelven y estoy esperando para declarar, porque es totalmente injusto lo que sucede”, afirmó.
El periodista explicó que recibió condiciones para quedar en libertad: “No puedo acercarme a la Secretaría de Políticas Sociales. Y a los dirigentes sociales que manejan merenderos les impusieron la misma prohibición, cuando tienen que ir seguido allí. Además, ahora tengo antecedentes, y eso me afecta laboralmente si quiero conseguir otro trabajo”.
“Necesito limpiar mi nombre”, remarcó. a su vez sobre su futuro laboral, expresó: “Si tengo que realizar alguna cobertura cerca de la Secretaría no me puedo acercar, y además figuro con antecedentes. Por eso la urgencia de que me permitan declarar y limpiar esto, porque es totalmente injusto”.
El Cispren se reunió con el ministro Quinteros
La secretaria general del Círculo Sindical de Prensa de Córdoba (CISPREN), Mariana Mandakovic, se reunió con el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, en el marco de la situación ocurrida el 28 de agosto durante la manifestación de la CT Autónoma. Mandakovic recordó que “en ese accionar no sólo termina preso el compañero de prensa de ATE, sino que además había cuatro compañeros periodistas, uno de ellos Leo Guevara de Radio Mitre, que es delegado nuestro de CISPREN, que haciendo la cobertura también sufrieron… un accionar de la policía que era poco claro, impidiéndoles el trabajo, planteándole a Guevara que se vaya a la vereda y que no les haga preguntas a quienes estaban deteniéndolo”.
Durante el encuentro, la dirigente sindical planteó “nuestro repudio total a la criminalización de la protesta social” y destacó que “no estamos de acuerdo con los mecanismos represivos para ajustar en el término de que las protestas sociales que se van a ir multiplicando terminen con personas encarceladas y con privación de la libertad”. Mandakovic subrayó la necesidad de garantizar que los trabajadores de prensa puedan desempeñar su labor sin interferencias: “Pedíamos que todos los compañeros y compañeras pudieran trabajar tranquilo… volvimos a trabajar el tema de nuestra credencial como habilitante para que puedan ejercer la tarea los compañeros y compañeras”.
Además, la secretaria general enfatizó la importancia de un diálogo permanente frente a la conflictividad social: “Tratamos de abrir una mesa de diálogo permanente… a los efectos de que no sufran los sectores populares represión”. Mandakovic también advirtió sobre la situación de los sectores más vulnerables: “Si la política le resolviera el problema a la gente, no estaríamos en la calle… la gente tiene hambre y nosotros tenemos que ir a buscar bolsones”. Por último, defendió el derecho a la libertad de prensa, asegurando que “la censura se da de distintas maneras”, y reiteró la necesidad de proteger la labor de los periodistas en contextos de manifestación social.
Los periodistas en el foco de las agresiones
En Argentina, las agresiones a trabajadores y trabajadoras de prensa se convirtieron en un patrón persistente. El último informe anual del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA registró 179 ataques en 2024, un 53% más que en 2023, y señaló que “el poder político fue responsable del 52%” de esos hechos, lo que describe un clima de hostigamiento sostenido contra la cobertura periodística en la calle. En este sentido organizaciones internacionales como Amnistia Internacional, y Reporteros Sin Frontera han denunciado de manera reiterada el deterioro de la libertad de prensa en Argentina, y la situación de indefensión que sufren muchos trabajadores de prensa en el desempeño de sus tareas, frente a situaciones que comprometen al poder político.
Ese deterioro se vio profundizado de manera sistemática en los últimos años, escalando entre agresiones tanto físicas, como verbales en contra de los trabajadores de prensa. Entre los casos más graves de los últimos tiempos está el del fotoperiodista Pablo Grillo, herido de forma crítica por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en su rostro, mientras cubría una manifestación frente al Congreso en la Ciudad de Buenos Aires el 12 de marzo de 2025. Su situación desató condenas y una investigación judicial que incluso reconstruyó el disparo para establecer responsabilidades tanto del gendarme que efectuó los disparos, como de las autoridades políticas que ordenaron el operativo.
