Proponen crear un registro por el doble cobro del gas
La discusión por los vecinos de Mendiolaza que realizaron aportes para la obra de gas entre 2004 y 2010 sumó un nuevo capítulo este martes, durante la comisión del Concejo Deliberante en la que se analizó la respuesta del Departamento Ejecutivo al pedido de informes sobre el Decreto 83/2026.
En la comisión del Concejo Deliberante, los vecinos afectados reiteraron sus reclamos e informaron que han comenzado a recibir intimaciones por parte de la procuraduría de la Municipalidad
Eduardo Martínez y Dolores Caballero, abogados que representan a algunos de ellos cuestionaron la interpretación del Ejecutivo sobre la prescripción y advirtieron inconsistencias en la información sobre los aportes realizados entre 2004 y 2010 , pusieron en duda los argumentos jurídicos utilizados por el Municipio y señalaron que la discusión central no debería ser la devolución de los fondos, sino el reconocimiento de que esos pagos fueron realizados y, por lo tanto, extinguieron la obligación de los contribuyentes. También plantearon un mecanismo para reconstruir los registros y evitar un doble cobro.
La participación de los vecinos no está reflejada en esta nota pero la transmisión en directo a través de la cuenta de Facebook de Demendiolaza fue respaldada en Youtube y puede verse aquí.
El eje de la discusión: reconocer lo que ya se pagó
Para Martínez, la respuesta del Ejecutivo mantiene una interpretación que no se corresponde con el reclamo de los vecinos.
El Municipio sostiene que, por el tiempo transcurrido desde los pagos realizados entre 2004 y 2010, podría haber operado la prescripción respecto del derecho a reclamar la restitución del dinero. El Decreto 83/2026, en consecuencia, establece un beneficio parcial y de carácter excepcional para quienes puedan acreditar aquellos pagos.
Pero el abogado sostiene que los vecinos no están reclamando que se les devuelva el dinero.
“Nosotros no pedimos la devolución del dinero, sino que lo que se pide es justamente la ejecución de la obra”, explicó Martínez. Desde esa perspectiva, el pago realizado en su momento habría extinguido la obligación del contribuyente respecto de esa contribución.
Por eso, consideró que el argumento de la prescripción no resulta aplicable al planteo actual: “Al haber un reconocimiento y una ejecución de la obra esa prescripción no procede”.
Caballero planteó el mismo punto desde una perspectiva más directa: si el Municipio reconoce que existió un pago, el efecto jurídico de ese pago es la extinción de la obligación.
“Si vos reconociste el pago, ¿cuál es el efecto del pago? La extinción de la obligación. Nadie puede pagar dos veces una misma obra”, sostuvo.
Para los representantes de los vecinos, allí está el núcleo del conflicto: encontrar el mecanismo para acreditar quiénes pagaron y cómo computar esos pagos en las obras que actualmente se ejecutan.
Qué ocurrió con los fondos aportados
Otro de los cuestionamientos formulados durante la comisión estuvo relacionado con la imputación que hace el Decreto 83/2026 de los aportes realizados hace más de dos décadas.
El decreto sostiene que aquellos fondos habrían sido destinados a infraestructura troncal del sistema de gas, específicamente al gasoducto de aproximación y a la planta reductora de presión.
Martínez señaló que existe una diferencia entre esa descripción y el objeto que establecía la normativa original. Según explicó, la Ordenanza 389/2004 establecía una contribución por mejoras destinada a la construcción de una red de distribución de gas y obras complementarias.
“En la ordenanza original no está la descripción completa del proyecto”, señaló el abogado, quien sostuvo que los vecinos todavía no pudieron acceder a documentación que permita determinar con precisión qué comprendía el proyecto original.
A esto se suma, según Martínez, que el propio decreto habla de una imputación “parcial” de los fondos.
La observación abre otro interrogante: si los aportes fueron destinados solamente a una parte de la infraestructura, qué ocurrió con el resto del dinero correspondiente a la contribución.
“Hay incongruencia e inconsistencia en todo el desarrollo de esta historia”, sostuvo Martínez, aunque remarcó que se trata de una cuestión que debe ser esclarecida a partir de la documentación.
La falta de registros que preocupa a los abogados
Uno de los puntos que más cuestionaron los representantes de los vecinos fue la falta de información precisa sobre los contribuyentes que realizaron los pagos.
Martínez puso el foco en una aparente contradicción: el Municipio sostiene que no puede determinar con precisión quiénes pagaron ni cuánto aportaron, pero al mismo tiempo atribuye esos fondos a determinadas obras.
“Si no tienen el padrón de contribuyentes que pagó y menos el monto que se pagó, ¿cómo se imputó el pago?”, planteó.
Para el abogado, la respuesta al pedido de informes no cerró ese interrogante, sino que generó otros. “No sabemos quiénes pagaron y cuánto se pagó”, afirmó, y agregó que tampoco estaría determinado con precisión cuál fue el costo de la obra originalmente presupuestada.
La documentación histórica disponible agrega un elemento al debate: en una respuesta municipal de 2010 se había informado un detalle de contribuyentes y montos aportados por distintos barrios, con un total que superaba los $1,7 millones de aquella época.
Para los abogados, por lo tanto, reconstruir esa información resulta un paso indispensable antes de definir el alcance del conflicto.
La propuesta de Dolores Caballero: reconstruir el padrón
Frente a la falta de registros oficiales completos, Dolores Caballero propuso un mecanismo concreto: establecer un plazo para que los vecinos que consideren haber realizado los aportes se presenten ante el Municipio y acompañen los comprobantes que tengan en su poder.
La idea consiste en reconstruir el padrón de contribuyentes a partir de la documentación aportada por los propios vecinos.
Caballero comparó el procedimiento con una “verificación de créditos en una quiebra”: ante la falta de información suficiente por parte del Municipio, serían los propios ciudadanos quienes acreditarían documentalmente la existencia y el alcance de sus créditos.
El mecanismo tendría un plazo determinado. Los vecinos que consideren que realizaron el pago deberían presentarse dentro de ese período y acompañar los instrumentos que permitan demostrarlo. Quienes no lo hicieran dentro del plazo quedarían fuera del proceso.
La propuesta, según explicó, podría instrumentarse mediante una ordenanza del Concejo Deliberante o a través de una iniciativa que encomiende al Departamento Ejecutivo el diseño y puesta en funcionamiento del procedimiento.
El objetivo sería contar finalmente con una base concreta sobre la cual discutir la solución: quién pagó, cuánto pagó y qué reconocimiento corresponde.
Los concejales de la oposición en el debate
Martín Marcolongo, quien presentó el proyecto de informes, sostuvo que el error fundamental del Ejecutivo radica en asumir que existe un pasivo o deuda del municipio hacia los vecinos, aclarando que estos últimos no exigen una devolución o reconocimiento de deuda, sino simplemente el reconocimiento del pago de una obra cuya primera etapa se realizó entre los años 2006 y 2007. Desde su perspectiva, los tecnicismos legales resultan irrelevantes para resolver el conflicto, ya que el comprobante físico que posee cada habitante es más que suficiente para acreditar el pago. Al respecto, criticó con dureza el enfoque oficial afirmando: “Me parece que todo lo demás es un poco de biribiri y están encarando muy mal el tema de la solución de ese graciable es un error”
Melina Catraro, por su parte, mantuvo una postura sumamente crítica frente al accionar del Ejecutivo y la gestión del conflicto con los vecinos, denunciando que desde el Concejo se está “frenando, dilatando, pidiendo paciencia” en lugar de mediar. Catraro sostuvo que el Decreto 83 es “nulo” y contradictorio, ya que el ejecutivo se atribuye facultades exclusivas del Concejo Deliberante, como la exención de tasas. También calificó al documento de ser “permanentemente contradictorio”, ya que por un lado asegura que no existe una deuda, pero por el otro obliga a los vecinos a firmar un compromiso donde aceptan no realizar ningún reclamo por deudas. Criticó que se haya calculado “a ojo” el beneficio de un año de tasa sin conocer los montos reales y señaló que es una falacia que el ejecutivo argumente haber fijado un monto para resguardar las finanzas municipales cuando en realidad admite que desconoce las cifras. Ante esto, propuso dejar de discutir dicha medida y avanzar en una ordenanza consensuada que resuelva el problema de fondo.
Felippa acordó con la propuesta de avanzar, ya sea de manera conjunta o independiente con el poder ejecutivo, en la creación de un registro voluntario y amplio para que los vecinos se empadronen aportando la documentación que tengan disponible, como comprobantes de cuotas o unidades, e incluso permitiendo la presentación de quienes no posean comprobantes. Además recordó por qué fracasó la obra planteada en 2004. “Saben por qué dejó de pagar la gente? Porque el proyecto era inviable. Primero el gas se iba a tomar de Villa Allende, después resultó que no. Se iba a hacer una planta que le iba a dar la presión, tampoco resultó. Apareció otro proyecto que el gas venía de Colonia Caroya, tampoco. Ese mismo mensaje que empezó a dar la municipalidad extraoficialmente y la gente dejó de pagar. Había una cuestión técnica. Es más, ¿por qué ¿Por qué podemos brindar gas ahora? Porque está en el gasoducto, si no tampoco tenemos gas. Y por qué no lo pagamos nosotros a los gasoductos sino la Provincia”.
Las opiniones en el oficialismo
Amalia Palacios defiende el Decreto 83 como una herramienta del Ejecutivo para intentar reparar esta afectación de 20 años, aunque admitió que la medida no conforma a la totalidad de los damnificados. “tenemos un montón, pero muchísimos vecinos que se han enterado de este beneficio y han iniciado el trámite para obtenerlo. Así como hay otro montón que ha vuelto a pagar la obra de ahora, que ha cumplido con el pago obligatorio de las obras que se están empezando ahora. Hay un universo de casos. En ese universo de casos y de vecinos, es que esto surge como una de las soluciones”.
En el mismo sentido se pronunció José Manno: “Yo estoy de acuerdo con el decreto 83, porque encuentro que hay una salida, y como como se dijo en un momento, hay una reparación histórica”.
Miguel Ruffini sostuvo que el costo de las obras de quienes pagaron cumpliendo con la ordenanza de 2004 debe ser asumido ahora por los beneficiarios de los actuales tendidos y no por la Municipalidad. Propuso, incluso, que las comisiones vecinales consulten a los habitantes si están dispuestos a cubrir la parte de quienes no deberían pagar. Para Ruffini, esto es lo que corresponde, bajo el argumento de que quienes actualmente gozan del servicio se benefician del esfuerzo financiero de los primeros aportantes: “tienen gas gracias a lo que pagaron ustedes, que trajeron los troncales”
Alejandro Medrano comenzó expresando su insatisfacción con la respuesta del Ejecutivo y mantuvo una postura de estricta responsabilidad institucional y rigor técnico, oponiéndose a la aprobación apresurada de una ordenanza reparadora que carezca de datos precisos y de una partida presupuestaria específica. Medrano advirtió que el cuerpo legislativo se encuentra en una profunda “orfandad de datos” al no tener acceso a los sistemas informáticos ni a un padrón oficial confiable, lo que les impide determinar con certeza cuántos son los afectados son 421, 422 o más personas. También aseguró que emitir una norma sin el debido respaldo financiero y técnico no resolvería el conflicto de fondo y constituiría una medida meramente efectista, tal como lo expresó al señalar: “Una ordenanza sin imputación partidaria presupuestaria es una mala praxis nuestra. Ah, para la tribuna es genial, no sacamos el problema de encima. ¿Qué resolvemos? Haciendo una ordenanza impráctica que (el Ejecutivo) la puede vetar, la puede no cumplir, la puede reglamentar”.
El Presidente del cuerpo, consideró que el tema debe continuar en comisión y que, personalmente, debe analizar en profundidad tres artículos de la ordenanza de 2004:
- Art. 1º.- DECLARESE de Utilidad Publica y de Obligatoriedad de Pago, a cargo de todos los propietarios beneficiarios de las propiedades afectadas, por la ejecución de los trabajos para la instalación de la red
distribuidora de gas natural y todas las obras complementarias y necesarias que demande su ejecución, en la localidad de Mendiolaza.- Salvo decisión en contraria por parte de los vecinos de la Localidad, mediante registro de oposición que durara 30 (treinta ) días. - Art. 28º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a crear las partidas correspondientes en el presupuesto Municipal para la imputación de los respectivos Ingresos y Egresos de la Obra Red de Gas Natural.-
- Art. 29º.- El Acuerdo Marco firmado entre la Municipalidad de Mendiolaza y la Distribuidora Gas del Centro S.A. será parte integrante de la presente Ordenanza.-
