Hay condena pero nadie irá preso
Dayana Stefanía Roldán, quien hasta mediados de 2022 se desempeñó como jefa de Contaduría de la Municipalidad fue condenada por la Justicia cordobesa por defraudación agravada al municipio de Mendiolaza. Durante 25 meses, la exfuncionaria realizó múltiples transferencias irregulares desde cuentas oficiales del municipio a su cuenta personal y a la de su esposo, Marcos Darío Farías, cabo primero de la Fuerza Aérea. Roldán fue sentenciada a dos años y seis meses de prisión en suspenso, mientras que Farías recibió beneficio de probation. El monto total del perjuicio económico fue estimado en $10.316.496, a valores de 2022. La Municipalidad desistió de la acción civil.
Doscientas dieciséis transferencias
Durante el juicio, quedó probado que Roldán y Farías simulaban pagos a proveedores municipales, cuando en realidad desviaban los fondos hacia sus propias cuentas bancarias. La funcionaria utilizó las claves bancarias oficiales que le habían sido confiadas por su cargo para ejecutar las transferencias desde una cuenta del Banco Roela destinada al pago de proveedores.
De las 216 transferencias que realizó la ex jefa de Contaduría entre el 19 de agosto de 2020 y el 12 de agosto de 2022, 176 fueron a su propia cuenta y otras 40 fueron a la cuenta de Farías. Los montos y la frecuencia de las trasferencias fueron incrementándose con el tiempo. Durante agosto y septiembre de 2020, realizó dos transferencias por mes, que sumaron $42.000 y $20.000, respectivamente. En julio de 2022 fueron 20 las transferencias registradas, 17 a su cuenta y tres a la de Farías, que sumaron $1.061.000.
Prisión en suspenso y probation
Roldán, autora y Farías, participe necesario..Defraudación agravada al Municipio de Mendiolaza
El Tribunal declaró a Dayana Stefania Roldán penalmente responsable del delito de defraudación agravada contra la administración pública, en carácter continuado. Recibió una pena de dos años y medio de prisión en suspenso, además de una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos administrativos en cualquier nivel del Estado. Entre otras condiciones impuestas, deberá realizar tareas comunitarias no remuneradas por al menos 12 horas mensuales y pagar una tasa de justicia de $1,4 millón.
Por su parte, Farías fue condenado como partícipe necesario de la maniobra, aunque accedió a una probation, suspensión del juicio a prueba, por el término de dos años. Deberá realizar trabajos comunitarios por 8 horas al mes y resarcir al municipio con el pago de $1 millón, a través de diez cuotas mensuales de $100.000.
Para la concesión de la probation se consideró que » ha mostrado una muy buena conducta procesal, no cuenta con antecedentes penales computables -según certificación de informes por secretaría, que tiene arraigo-, posee contención familiar – su esposa y tres hijos que viven con él, tiene un trabajo estable que le permite ganarse su sustento».
Respecto al monto con el que Farías deberá resarcir a la Municipalidad, el Tribunal aceptó la oferta hecha por el mismo imputado, asegurando que «es razonablemente adecuado a sus condiciones económicas, e incluso implica un esfuerzo por parte del mismo para poder cumplir lo ofrecido». Según consta en el expediente Actualmente tiene 38 años de edad, está casado con Dayana Stefanía Roldán desde hace 6 años, pero conviven desde hace 20 años, vive en casa propia en B° El Talar, no tiene otros bienes registrables a su nombre. Es personal militar de la Fuerza Aérea, ostentando la jerarquía de Cabo Principal, presta servicios en el barrio aeronáutico, siendo encargado de la división vivienda, donde realiza labores de logística. Por sus tareas le corresponde una remuneración mensual de un $1,2 millones de los que recibe $868.000, luego de las deducciones correspondientes.
Sin causa civil ni resarcimiento
Al inicio de esta causa, aún bajo la gestión anterior, se informó que la Municipalidad había sido admitida como querellante particular y que se había solicitado la constitución como actor civil en la causa para iniciar las acciones civiles resarcitorias.
Durante el proceso se embargó un automóvil Renault Kwid Intens 1.0, 2020, propiedad de Dayana Roldán. El auto fue liquidado y lo obtenido, $ 6.352.530, quedó depositado, y embargado, en el Banco de Córdoba.
La sentencia de la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba, dictada la semana pasada, al mismo tiempo que condena penalmente a Roldán, da por desistida la
acción civil iniciada por la Municipalidad de Mendiolaza. Es decir que la Municipalidad renunció, en esta instancia, a la posibilidad de resarcimiento.
El Tribunal decidió, en consecuencia, que el dinero embargado quede a disposición de Roldán cuando la sentencia quede firme.
Dado que la Municipalidad desistió de la acción y no del derecho, cabría todavía la posibilidad de iniciar un reclamo en otro fuero.
El camino hasta acá
Según informó oportunamente el entonces Intendente, ante la sospecha de irregularidades, el 24 de agosto de 2022 se dispuso la iniciación de un sumario y se designó como instructora a Norma Beatriz Moreno, Jefa Departamento Rentas y Tesorería. En el mismo acto se dispuso la suspensión preventiva de Dayana Roldán.
Tras ser apartada de sus tareas y suspendida, Roldán presentó su renuncia al cargo de Auxiliar Administrativa (cat.16), interinamente Jefa de Sección Contaduría, que desempeñaba, aduciendo razones particulares. La dimisión fue aceptada, sin desmedro de la continuidad del proceso.
El sumario labrado concluyó que Dayana Roldán era responsable de faltas graves que perjudican material y moralmente a la administración. Por ese motivo se ordenó transformar la aceptación de la renuncia y sancionarla con la exoneración a partir del 5 de septiembre.
La exoneración es la máxima sanción dentro del Estatuto Municipal. En el ámbito público la exoneración es la expulsión permanente, que impide de por vida al sancionado volver a ocupar cargos en la administración.
Hasta este punto, el proceso se llevó adelante sin que se informase públicamente y sólo se conoció por trascendidos.
El 9 de septiembre Ángela Alessio, quien era tribuno de cuentas por la oposición, presentó una denuncia en tribunales con una doble acusación. Por un lado, contra la Jefa de Sección de Contaduría de la Municipalidad por presuntos malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. Por otro, contra el Intendente y el Secretario de Hacienda, por presunto encubrimiento. Alessio nunca más fue citada por la justicia, pese a que en abril del año siguiente la Justicia libró un oficio solicitando al Concejo que, en relación a «Alessio Ángela María contra Roldán Dayana Stefanía / Farías Marcos Darío y Salibi Néstor Daniel», remitiese de forma urgente «copia certificada de todo decreto, reglamento o instrumento legal, ley, ordenanza, etc, que reglamente las contrataciones de la ciudad de Mendiolaza».
Recién el 16 de septiembre de 2022 el Concejo Deliberante realizó el primer Pedido de Informes sobre el tema que fue respondido parcialmente por el Ejecutivo ya que todavía regía el secreto impuesto por las acciones sumarias. En la respuesta se aseguraba que «esta administración municipal, ha realizado a través del Secretario de Hacienda la correspondiente denuncia de los hechos ante la Fiscalía a fín de poner en conocimiento de los hechos a la Justicia», sin precisar la fecha en la que se había realizado.
El 24 de octubre, vencido el plazo del secreto, el cuerpo reiteró el Pedido de Informes. En su contestación el Ejecutivo comunicó que la Municipalidad había sido admitida como querellante particular en la causa que se tramitaba en la Fiscalía en lo Penal Economico de Primera Nominación, y que se había solicitado la constitución de la Municipalidad como actor civil en la causa para iniciar las acciones civiles resarcitorias.
