Empleados municipales bajo investigación
La causa por presunto fraude en la tramitación de licencias de conducir en Mendiolaza sumó un nuevo capítulo el viernes pasado, cuando la Justicia realizó al menos cinco allanamientos en el marco de la investigación iniciada a mediados de agosto. El operativo alcanzó tanto a empleados de planta permanente del municipio como a vecinos que no forman parte de la administración local, en el marco de un expediente que se encuentra bajo secreto de sumario en la unidad de Delitos Económicos.
La investigación comenzó a mediados de agosto pasado, luego de que la Municipalidad denunciara que más de 50 personas no residentes habrían utilizado el domicilio del agente municipal Cristian Pablo Heredia para obtener licencias de conducir. De acuerdo con el comunicado oficial difundido en su momento, la maniobra se habría extendido desde 2015 e incluía otros domicilios repetidos, algunos vinculados a empleados o exfuncionarios, con hasta 100 licencias emitidas en una sola dirección. La práctica, además de facilitar la entrega de carnés particulares y profesionales, podría haber inflado artificialmente el padrón electoral local.
Clima de tensión entre los trabajadores
Tras conocerse los allanamientos, el Sindicato de Empleados y Trabajadores Municipales de Mendiolaza (SETMM) mantuvo un encuentro con el Ejecutivo para aclarar el alcance de la medida. Etel Postay, secretaria general, y Paula Esteban, secretaria adjunta, confirmaron en el programa radial Mañanitas de Mendiolaza que la denuncia formal de la Municipalidad recayó sobre un solo empleado, pero que de esa presentación “se desprende el resto de la investigación”.
Las dirigentes gremiales precisaron que ninguno de los trabajadores allanados fue suspendido ni notificado formalmente, a excepción de la persona denunciada inicialmente. Sin embargo, describieron un clima laboral tenso y de incertidumbre. “La verdad es que se vive una situación bastante tensa porque no sabemos qué va a pasar, es el día a día. La verdad es que es incómodo, hay incomodidad, hay enojo, hay desconcierto”, señalaron.
Postay y Esteban contaron que los empleados involucrados se desempeñan en las áreas de maestranza, fiscalización y seguridad ciudadana, y que muchos desconocen el motivo de los allanamientos. Para obtener explicaciones, deberán presentarse en la Fiscalía de Córdoba durante esta semana, donde se instruye la causa.
Por orden de la justicia
César Tillard, asesor letrado de la Municipalidad, confirmó en una entrevista con la 102.7 FM Demendiolaza, que la denuncia de la Municipalidad fue sobre la actuación de un empleado en una situación particular.
A partir de esa denuncia la Justicia inició la investigación y solicitó al municipio que le remitiese gran cantidad de documentación. Incluso el mismo Tillard tuvo que presentarse a brindar detalles durante casi cuatro horas.
Fue sobre la información reunida por esas vías que la Justicia ordenó los allanamientos de esta semana.
La falsedad de documento público es un delito tipificado en el Código Penal. “La ley obliga a declarar el domicilio en el que habitualmente se reside”, explicó el Asesor Letrado.
Acompañamiento sindical y pedido de claridad
El sindicato adelantó que acompañará a los trabajadores en sus gestiones, aunque reconoció que “gremialmente no podemos hacer nada porque esto no es laboral… es a raíz de una denuncia penal”. En ese sentido, expresaron su preocupación por el impacto económico que representa la situación: “En los allanamientos se les secuestró el celular a personas que ganan 200 mil pesos por mes, que van a tener que gastar tres veces lo que ganan en poner un abogado para poder recuperarlos”.
Las representantes gremiales insistieron en la necesidad de que la investigación avance rápidamente para “limpiar los nombres que se tengan que limpiar” y garantizar que “se haga justicia”. Al mismo tiempo, subrayaron que, a pesar del clima de tensión, los servicios municipales se prestaron con normalidad, reforzando el compromiso del gremio “con la ciudadanía y con el correcto funcionamiento de la administración”.
“Estamos todos un poco temerosos, en shock, de no saber cómo responder ante estas situaciones porque no es emocionalmente lindo que te llegue un allanamiento”, reconocieron, y remarcaron que, mientras la Justicia no se expida, “todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.
La investigación continúa bajo secreto de sumario, y tanto la Municipalidad como el sindicato expresaron su voluntad de colaborar plenamente con la Justicia para que se esclarezcan los hechos y se defina el futuro de los empleados involucrados.
