Un gesto político
El controvertido proyecto de designación del juez de faltas entró en pausa cuando en la sesión del lunes del Concejo Deliberante, Adela Arning mocionó que se suspendiese su tratamiento. La moción obtuvo el consentimiento de Graciela Llanos, concejal por el oficialismo. La suspensión no se fijó por un tiempo determinado pero sólo quedan cuatro sesiones ordinarias para que termine el período 2023.
Congelamiento de un tema caliente
Los intentos del Departamento Ejecutivo por dejar nombrado a un Juez de Faltas comenzaron en julio de este año. En el primer intento, sólo se proponía a un candidato pero no se pretendía modificar la Ordenanza N°262/2000, que establece la metodología de designación. La iniciativa causó el reclamo de otros aspirantes al cargo. El abogado propuesto renunció a su candidatura y el tema no volvió al Concejo hasta octubre.
La mayor controversia inició con la presentación de un nuevo proyecto, el 9 de octubre. Esta vez se proponía como candidata a juez de faltas a Sandra Ferracane, actual asesora letrada y procuradora del municipio, y se modificaba la Ordenanza N°262/2000 por ser contradictoria con la Ley 8182. Nuevamente se presentaron reclamos de abogados, Ferracane concurrió al Concejo a explicar el proyecto, y la semana pasada también se hicieron presentes vecinos y miembros del futuro gobierno municipal para expresar su oposición. Los argumentos se centraron en que el gobierno saliente estaría nombrando un funcionario vitalicio, en que el plazo de cinco para la presentación de la documentación es insuficiente y en la falta de presupuesto. También se cuestionó que Ferracane sea la esposa del actual Secretario de Hacienda.
Fue precisamente en la reunión de la semana pasada cuando Adela Arning anunció que realizaría una moción solicitando que se suspendiese el tratamiento del tema. Efectivamente, en la sesión del lunes, la intendenta electa realizó la moción de suspender el tratamiento de la Ordenanza 262, y logró que se aprobase.
Votaron a favor tres concejales de la oposición, la propia Arning, Llarens y Alonso, y uno del oficialismo, Graciela Llanos.
Llanos, posee un profundo conocimiento de las problemáticas de la ciudad. Fue secretaria del Concejo, después concejal, y presidió el cuerpo durante 0cho años. También desarrolló tareas en la municipalidad, en la Oficina de Atención al Contribuyente y como capataz. Su pertenencia al oficialismo es indudable, por lo que su voto en disidencia con los integrantes de su bloque, fue inesperado.
En contrario votaron los oficialistas Giménez y Argüello, y el opositor, Nicolo. A éste último la Presidenta debió recordarle cuál era la Ordenanza 262, y que el reglamento del cuerpo le impide abstenerse.
Una moción de orden
Suspendieron designación del juez en Mendiolaza
La moción por la que se suspendió el tratamiento de la modificación de la ordenanza 262, es una moción de orden. Está contemplada en el inciso 6 del Capítulo II del Reglamento Interno del Concejo Deliberante.
Teórica, y administrativamente, a partir de allí se abre un abanico de grises. La moción no incluyó el término por el que se suspendería. El reglamento establece que un proyecto rechazado en general no podrá ser nuevamente presentado en las sesiones del mismo año calendario, pero nada dice sobre las mociones.
En principio, existirían alternativas administrativas para hacer caer la moción. De todas formas, el retomar el tratamiento del proyecto enfrentaría la doble dificultad de la oposición de la mayoría de los sectores que se expresaron, y del tiempo que le queda al actual Concejo para sesionar. Las sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre, por lo que el cuerpo sólo tendría cuatro sesiones más este año.
