Alivio vecinal y polémica ambiental
De forma casi paralela a la autorización para inicio de la segunda etapa de El Terrón, se reactivaron los trabajos sobre el Camino San José, la traza que busca convertirse en una vía alternativa de acceso al sector norte de Mendiolaza y a emprendimientos inmobiliarios privados.
Mientras vecinos de barrio Los Cigarrales sostienen desde hace años el reclamo por el tránsito pesado que atraviesa sus calles, organizaciones ambientalistas cuestionan el impacto del desmonte realizado sobre el bosque nativo y advierten sobre el avance de nuevos desarrollos inmobiliarios en zonas sensibles.
La situación motivó una reunión abierta convocada este jueves por la Asamblea del Monte de Unquillo (AMU), donde se analizaron posibles acciones legales y el alcance ambiental de la obra.
Un camino a futuras urbanizaciones
El proyecto prevé la ampliación y pavimentación de los primeros dos kilómetros del Camino San José, formalmente denominado ruta provincial S443, desde la E53 hacia el oeste.
La iniciativa comenzó a gestarse en 2023 y contempla un boulevard pavimentado de doble sentido, con espacio para ciclovía y nuevas rotondas de distribución vehicular.
La obra es impulsada por desarrollistas privados vinculados a El Terrón y La Florida, junto a propietarios de tierras de la zona y sectores empresariales de Mendiolaza. La supervisión técnica corresponde a Vialidad Provincial.
El nuevo boulevard dará un acceso más cómodo a las propiedades de la familia Domínguez Linares y al Parque Industrial. También permitirá el ingreso al extremo este del desarrollo de El Terrón y al loteo privado La Florida, en jurisdicción de Unquillo. El vértice en el que confluyen El Terrón, La Florida y la propiedad de la familia Domínguez Linares será el final del trazado y allí se proyecta una rotonda de distribución y retorno.
La audiencia pública y el aval vecinal
Uno de los argumentos centrales a favor del proyecto es el histórico reclamo de vecinos de barrio Los Cigarrales, quienes desde hace más de una década denuncian los problemas ocasionados por el paso constante de camiones y maquinaria pesada vinculada a las obras de El Terrón.
Durante la audiencia pública ambiental realizada en octubre de 2024, habitantes del sector avalaron la apertura de un acceso alternativo para reducir el impacto sobre el barrio.
La obra atravesó en 2024 la audiencia pública ambiental obligatoria prevista por la Ley General de Ambiente.
En aquella instancia participaron vecinos de Mendiolaza, representantes técnicos del proyecto y habitantes de Los Cigarrales afectados por el tránsito pesado.
El estudio de impacto ambiental contempló un plan de remediación forestal con la plantación de tres árboles por cada ejemplar extraído, totalizando 946 nuevos árboles de especies nativas.
Sin embargo, desde AMU relativizan el alcance de esas medidas compensatorias.
Michelazzo señaló que “un árbol no reemplaza un ecosistema completo” y cuestionó tanto la efectividad de las reforestaciones como los controles posteriores sobre su cumplimiento.
También planteó dudas sobre la planificación ambiental de la obra y aseguró que muchos de los anuncios realizados durante el proceso de evaluación “no quedaron plasmados técnicamente en los planos”.
El cuestionamiento ambiental
Sin embargo, el reinicio de los trabajos volvió a abrir el debate sobre el impacto ambiental de la obra.
La Asamblea del Monte de Unquillo denunció que para avanzar con el ensanche y pavimentación se autorizó la extracción de cerca de 300 ejemplares leñosos, incluyendo quebrachos blancos, algarrobos y otras especies nativas.
“En tres minutos una máquina derriba un quebracho blanco de 100 años”, expresó Cecilia Michelazzo, integrante de la organización ambientalista.
Según explicó, el principal cuestionamiento no apunta únicamente al camino, sino al modelo de crecimiento urbano asociado a nuevos countries y desarrollos inmobiliarios en áreas de bosque nativo.
“Nos preguntamos qué ciudades queremos ser, qué tipo de desarrollo queremos y cuánto más bosque vamos a seguir perdiendo”, sostuvo.
Posibles acciones legales
Durante la reunión realizada este jueves en Unquillo, la Asamblea del Monte evaluó documentación vinculada a la licencia ambiental, los planos de obra y el estudio de impacto ambiental.
Entre las posibilidades analizadas figura la presentación de denuncias contra funcionarios y organismos que intervinieron en la autorización del proyecto.
Michelazzo, iseñaló que la licencia ambiental fue firmada por la entonces ministra de Ambiente, María Victoria Flores.
“A la funcionaria, en este caso, Victoria Flores, la ministra de Ambiente, la ministra que firmó esa licencia ambiental, ¿le cabe una denuncia penal? Haremos la denuncia penal”, afirmó Michelazzo. La AMU también investigará la responsabilidad de otros funcionarios, como los de Mendiolaza, que hayan otorgado autorizaciones, para determinar si procede una denuncia penal por la extracción de los ejemplares leñosos.
