Un amparo busca coordinar acciones en Sierras Chicas
El fenómeno de El Niño ya se encuentra instalado a escala regional y se prevé que extienda sus efectos durante los próximos meses. En Mendiolaza, esta semana se controló el funcionamiento de las alarmas del sistema de alerta temprana y hubo reuniones con funcionarios de la Provincia, mientras los vecinos de B° Los Cigarrales esperan ser informados sobre las acciones previstas.
Este evento climático global se origina por un calentamiento anormal en la temperatura de las aguas del Océano Pacífico, lo cual incrementa la evaporación y altera los patrones habituales de precipitaciones mediante una mayor carga de humedad en la atmósfera. En la provincia de Córdoba, este escenario suele traducirse en un aumento de la nubosidad y una tendencia a registrar lluvias normales o levemente superiores a los promedios históricos, acompañadas por la probabilidad de tormentas severas.
A pesar de que los pronósticos generales no señalan a Sierras Chicas como el epicentro de los acumulados de lluvia, la fragilidad del territorio enciende las alarmas locales. El verdadero factor de riesgo para las comunidades serranas no radica únicamente en la cantidad de agua que caiga desde el cielo, sino en el desmanejo de la cuenca hídrica y las intervenciones sobre zonas críticas tras las inundaciones de 2015.
En un contexto marcado por la fragilidad hídrica de las cuencas serranas y la inminencia de fenómenos meteorológicos severos, integrantes de la organización “Vecinxs en Defensa de la Cuenca Hídrica – Sierras Chicas” presentaron una acción de amparo ambiental preventivo ante la Justicia cordobesa. La presentación judicial apunta directamente contra el Gobierno de la Provincia de Córdoba y compromete la responsabilidad de las municipalidades de Río Ceballos, Unquillo, Mendiolaza, Villa Allende, Saldán y La Calera.
El objetivo central de esta medida colectiva es salvaguardar la vida, la salud y los bienes de las poblaciones locales. La Cámara Contenciosa Administrativa de Segunda Nominación receptó el planteo de forma rápida y fijó para el 23 de septiembre una audiencia obligatoria a la que deberán asistir las autoridades provinciales y a sus áreas técnicas correspondientes
Un Plan Comunitario de Acción ante el “peor escenario posible”
El amparo exige la creación urgente y participativa de un Plan Comunitario de Acción que contemple tanto la preparación para la peor inundación posible como la contingencia ante un eventual derrame masivo de líquidos cloacales.
Entre las medidas concretas exigidas a las autoridades se destacan:
- Sistemas de alerta temprana: Instalación de alarmas sonoras y mecanismos eficaces de comunicación en cada una de las localidades.
- Señalización de riesgo: Colocación de cartelería visible que indique zonas vulnerables y vías de escape seguras.
- Capacitación y simulacros: Realización de cursos anuales y simulacros de evacuación para preparar a la ciudadanía y a los cuerpos de emergencia.
- Asistencia y contención: Definición previa de esquemas de apoyo material, habitacional, alimentario y sanitario para los posibles afectados.
Asimismo, el recurso judicial solicita una inspección ocular inmediata sobre las zonas intervenidas y la realización de una pericia ambiental multidisciplinaria a cargo de institutos de la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET (como ISEA, CICTERRA e IMBIV) para evaluar las alteraciones territoriales.
La polémica traza de la Cloaca Regional y el riesgo en el río Isquitipe
Uno de los ejes más críticos denunciados en la presentación judicial es la construcción de la colectora cloacal troncal de Sierras Chicas. Según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado originalmente en 2017, la tubería de 19,8 kilómetros debía trazarse por el centro de calles de asfalto o tierra para evitar el cauce del río y prevenir daños ante crecidas.
Sin embargo, los amparistas señalan que posteriormente, mediante un Aviso de Proyecto y sin realizar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental obligatorio, la traza se modificó para colocar los conductos sobre las costas y el lecho mismo del río Isquitipe. Esta alteración genera serios peligros técnicos y ambientales:
- Efecto de carga acumulada: A medida que la colectora avanza hacia la planta de Dumesnil (La Calera), el caudal cloacal aumenta, elevando progresivamente el riesgo de derrames en los tramos inferiores.
- Vulnerabilidad de temporada: En invierno, la falta de caudal del río impide la dilución de los efluentes, amenazando con provocar anoxia (falta de oxígeno) y la muerte masiva de fauna acuática. En verano, la llegada de turistas incrementa el volumen de efluentes justo en la época de mayores lluvias y crecidas.
- Contaminación biológica y química: Un eventual colapso liberaría virus, bacterias patógenas y sustancias químicas reguladas por la legislación de residuos peligrosos directamente sobre las fuentes de agua.
“No aprendimos lo suficiente de 2015”
El amparo fue impulsado por los defensores ambientales Raúl Montenegro (Premio Nobel Alternativo 2004), Susana Rocha, Gladys Rodríguez, José Cabrera y el abogado Juan Carlos Smith.
En declaraciones sobre la acción judicial, Smith enfatizó que el mal manejo de la cuenca hídrica se agravó en los últimos años debido a la expansión inmobiliaria en áreas vulnerables y a las obras sobre zonas sensibles. “Gran parte de lo que ocurrió en el 2015 tuvo que ver con un mal manejo de la cuenca hídrica… hoy hay un destrato y un maltrato al territorio que en algún momento va a pasar factura”, advirtió.
Smith remarcó que las medidas buscan proteger a la población ante la falta de diagnósticos claros en la región: “Necesitamos una acción más coordinada… Tenemos muy mal diagnóstico ambiental en el corredor de Sierras Chicas; hay municipios que ni hacen su diagnóstico ambiental”.
