Vecinos buscan asesoramiento legal
La polémica por la obra de gas en Mendiolaza sumó un nuevo capítulo esta semana en el Concejo Deliberante. Un grupo de vecinos afectados se presentó nuevamente para exigir la intervención de los ediles ante lo que consideran una maniobra ilegal por parte del Ejecutivo municipal: la pretensión de que los vecinos vuelvan a pagar una obra que ya fue abonada.
En esta oportunidad, los ciudadanos asistieron acompañados por el abogado Eduardo Martínez, especialista en asesoramiento de comunas, municipios y derechos reales con casi 30 años de trayectoria. El letrado se encargó de desarticular, desde el punto de vista técnico y jurídico, los argumentos que la municipalidad ha venido sosteniendo para justificar este doble cobro.
Las falencias técnicas del Decreto
De acuerdo con el Dr. Eduardo Martínez, el Decreto 0083/2026 emitido por el municipio presenta serias deficiencias en su técnica legislativa.
Dicho Decreto dispuso el reconocimiento a quienes pagaron hace 20 años mediante un beneficio de carácter “gracioso y equitativo”, consistente en una nota de crédito sobre la cuenta de tasas municipales.
El decreto contempla:
- Aplicación sujeta a la finalización de la obra de gas en cada sector.
- Actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- Acreditación del pago histórico mediante comprobantes.
- Tope máximo equivalente a una cuota anual de tasa inmobiliaria.
El abogado señaló que la normativa habla en “términos potenciales” sobre los pagos, a pesar de que existen pagos efectivamente realizados y documentados por los vecinos bajo un decreto que data del año 2004, cuando se creó la contribución por mejoras para la obra de gas.
Uno de los puntos más criticados es el planteo de prescripción que intenta deducir la municipalidad. Martínez aclaró que la prescripción no aplica en este caso porque los vecinos no están exigiendo la devolución del dinero, sino la ejecución de la obra. Además, explicó que el propio reconocimiento de los pagos que hace la comuna en los fundamentos del decreto interrumpe técnicamente cualquier plazo de prescripción.
“El decreto es un ejemplo de lo que no se tiene que hacer en materia normativa. El mensaje político es un castigo al contribuyente cumplidor”, afirmó el letrado, calificando la postura oficial como “técnicamente muy débil” e “inexistente jurídicamente”.
El debate por los “libres deudas” y la documentación perdida
Otro de los argumentos municipales que genera indignación es la exigencia de presentar los comprobantes originales bajo el pretexto de que circulan “libres deudas truchos” y que la actual administración no es responsable por la pérdida de papeles de gestiones anteriores.
Al respecto, Martínez fue categórico al señalar que este argumento demuestra un desorden administrativo interno, ya que los pagos deben figurar en la contabilidad y en los estados de deuda de cada inmueble de la propia municipalidad.
Asimismo, desestimó que el cambio de gestión exima de responsabilidades al Estado local: “Acá no se contrató con una administración, se contrató con el municipio, y es el municipio el que tiene que dar la respuesta. Se contrata con el municipio, no con los intendentes”, enfatizó.
Dos realidades distintas para los afectados de Mendiolaza
El conflicto abarca a unas 400 familias (aproximadamente el 10% del padrón electoral) y presenta dos situaciones diferenciadas:
- Vecinos de la traza barrio Centro: En este caso, el financiamiento proviene de la provincia con intermediación municipal, y es el propio municipio el que reclama directamente las cuotas de la obra.
- Vecinos que contrataron con empresas privadas: Este grupo está financiando la obra de manera privada por segunda vez y el trato es exclusivamente entre los vecinos y la empresa contratada. Para ellos, el abogado considera atendible la alternativa de una compensación total a través de las tasas municipales.
Sobre el ofrecimiento del municipio de otorgar un reconocimiento parcial equivalente a un solo año de tasas municipales, Martínez lo consideró “insuficiente” y “ofensivo para el sentido común”. Aseguró que el reconocimiento debe ser total, ya que no se trata de un “pago graciable” o voluntario por parte de la intendencia, sino del cumplimiento de una obligación.
¿Cómo sigue el conflicto? Los pasos a seguir y el impacto político
Durante la reunión de comisión del pasado martes, los concejales —quienes muestran un entendimiento casi unánime de que el proceder del municipio es incorrecto— solicitaron tiempo para pedir informes y reconstruir internamente qué sucedió con los fondos recaudados que tenían afectación específica.
No obstante, Martínez advirtió que, si bien los vecinos se encuentran en una posición de total fortaleza jurídica gracias a sus recibos y estados de cuenta, la falta de una solución política podría derivar en acciones judiciales (ya sean individuales o colectivas). Aunque aclaró que ir a la justicia no es beneficioso para nadie por los sobrecostos y el malestar social que genera, podría ser el único camino si el municipio persiste en su postura.
Con las elecciones del próximo año en el horizonte y tratándose de un conflicto que afecta a un 10% del electorado local, la resolución del conflicto no puede sustraerse de los efectos políticos que tendría tanto si se conforma a los vecinos acreedores, como si no se lo hace.
