Una medida preventiva
En línea con la ley provincial y con la ordenanza de ciudad de Córdoba que ya están en vigencia, el Concejo Deliberante de Mendiolaza aprobó esta semana la prohibición total de la actividad de cuidacoches y limpieza de vidrios en la vía pública sin autorización municipal. La ordenanza busca anticiparse a problemáticas de seguridad y uso indebido del espacio público que ya afectan a otras ciudades de la provincia.
La iniciativa había sido presentada la semana pasada por la concejal Palacio, fue analizada en comisión el martes y aprobada el miércoles.
Por qué una prohibición total
La ordenanza se fundamenta en la naturaleza informal de estas actividades, que a menudo se desarrollan sin habilitación legal ni control estatal, y en muchos casos, mediante prácticas intimidatorias, coercitivas o extorsivas.
Aunque Mendiolaza no presenta actualmente una problemática organizada de cuidacoches o limpiavidrios, la experiencia de otras ciudades de Córdoba ha demostrado un crecimiento sostenido de este fenómeno, con consecuencias negativas para la seguridad ciudadana y la apropiación del espacio público.
Uno de los argumentos centrales esgrimidos por los concejales es que la legislación comparada ha demostrado que los esquemas de regulación de estas actividades no solo no solucionan el problema, sino que en muchos casos lo profundizan, legitimando prácticas violentas e informalidad laboral. Por ello, se considera que la prohibición total es la única solución estructural y se opta por ella de manera preventiva.
Un debate generalizado
En abril, la Provincia de Córdoba sancionó la Ley 11.117, que introduce modificaciones al Código de Convivencia Ciudadana con el objetivo de ordenar el uso del espacio público y fortalecer las herramientas de control frente a conductas que afectan la convivencia urbana.
La Ley establece sanciones para quienes, sin autorización, exijan o impongan el pago por el cuidado de vehículos en la vía pública o en espacios de acceso público. Las penalidades incluyen hasta 6 días de trabajo comunitario, multas de hasta 50 Unidades de Multa o arresto de hasta 6 días.
La Ley Provincial 11117 traslada a cada municipio la potestad de decidir si permite o no la actividad en su territorio. A los municipios que decidan regularla se los invita a informar a la Provincia la nómina oficial de personas autorizadas y nucleadas en cooperativas para ejercer el cuidado de vehículos. En paralelo, el Ejecutivo provincial acompañará estas medidas mediante programas de capacitación e inclusión laboral, orientados a generar alternativas para personas en situación de vulnerabilidad.
La ciudad de Córdoba eligió regular la actividad de los tradicionales “naranjitas”, quienes pasarán a denominarse constatadores. Su función será verificar, mediante una aplicación digital, que los conductores hayan abonado el estacionamiento medido, sin poder exigir pagos ni ejercer funciones de control municipal. El sistema funcionará de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 8 a 14, con pago exclusivamente por medios digitales. La tarifa se fijará en el 60% del valor de un litro de nafta premium de YPF, porcentaje que ascenderá al 100% durante eventos masivos. La recaudación se distribuirá en un 80% para las cooperativas autorizadas y un 20% para el municipio. Además, se establecen requisitos de capacitación e identificación para los constatadores y sanciones para quienes cobren por cuidar vehículos sin autorización.
Villa Allende optó por la prohibición del “ejercicio de actividades de cuidado de vehículos, servicio de limpieza de vidrios de vehículos, servicio de lavado de vehículos u otras actividades de similares características desarrolladas en la vía pública, sea en forma onerosa o gratuita“. Incluso prevé que “las fuerzas de seguridad provinciales podrán ser requeridas para colaborar en la prevención, disuasión y cese inmediato de las conductas aquí tipificadas“. Pero la norma contiene un artículo específico que dice que sólo podrán realizar estas tareas de colaboración de estacionamiento aquellos que estén autorizados por el municipio, expresamente autorizados.
Mendiolaza, por la prohibición
Al igual que Villa Allende, Mendiolaza optó por prohibir la actividad en lugar de regularla.
La nueva normativa prohíbe en todo el ejido de la ciudad la actividad de cuidado de vehículos en espacio público sin autorización municipal. Esto incluye a cualquier persona que ofrezca, preste, insinúe o exija servicios de cuidado, vigilancia, reserva o facilitación del estacionamiento de vehículos, ya sea a título oneroso o gratuito.
Además, se prohíbe la implementación de cualquier sistema de estacionamiento que implique intermediación humana, incluyendo cooperativas, permisionarios, organizaciones sociales o individuos. El estacionamiento en la vía pública será libre y no arancelado, salvo que en el futuro se implemente un sistema de gestión exclusivamente digital, sin intervención humana, mediante ordenanza expresa del Concejo Deliberante.
Las infracciones a la ordenanza serán sancionadas, sin perjuicio de la intervención de fuerzas de seguridad y la aplicación de normas contravencionales o penales que pudieran corresponder, de acuerdo con la reglamentación que efectúe el departamento ejecutivo municipal y lo previsto en la Ley 10326 y concordantes de la provincia de Córdoba.
El Departamento Ejecutivo Municipal deberá implementar campañas de difusión para informar a la ciudadanía sobre la prohibición y los canales de denuncia disponibles.
Como parte de las modificaciones finales, la ordenanza también prohíbe la limpieza de vidrios de vehículos en la vía pública sin autorización legal. Esta medida busca abordar una problemática similar a la de los cuidacoches, donde se han reportado situaciones de coacción y perturbación.
Objeciones y unanimidad
Durante el debate, la concejala Melina Catraro expresó su desacuerdo con la prohibición total, inclinándose más por una regulación de la actividad. Argumentó que en localidades pequeñas, las personas que realizan estas tareas suelen ser familias conocidas de bajos recursos que lo hacen como una forma de trabajo. Comparó la situación con la de vendedores ambulantes y sugirió que no necesariamente implica delincuencia o corrupción.
Catraro propuso que, si se llegara a una etapa de regulación, se diera la posibilidad a ciudadanos de Mendiolaza de realizar estas actividades, quizás a través de bonos de contribución, como lo hacen los bomberos con autorización municipal. Manifestó que la prohibición le daba la impresión de querer una “ciudad limpia de gente pobre que no se vea”, y que el trabajo, incluso en situaciones precarias, es digno. Hizo referencia a su propia experiencia vendiendo productos para costear sus estudios universitarios, destacando que en un país de inmigrantes, muchas actividades informales han permitido a las personas salir adelante.
La concejala también cuestionó la generalización de que la actividad de cuidacoches esté ligada a la intimidación o la violencia, aunque reconoció que esas situaciones existen. Sin embargo, enfatizó que no son características inherentes a la actividad en sí.
Tras un intenso debate donde se le respondió que la ordenanza busca prevenir un problema que ya existe en otras ciudades y que la actividad de cuidacoches es “completamente precarizada” y puede llevar a la explotación, la concejala Catraro se retiró de la sesión por “cuestiones personales” durante el cuarto intermedio, no estando presente en la votación final de la ordenanza.
