Capacitación en Derechos Humanos para los funcionarios

La ciudad de Mendiolaza avanzará en la adhesión a la Ley Provincial Sonia Torres (Ley 10.962), luego de suscribir el Compromiso Metropolitano por la Memoria, la Verdad y la Justicia impulsado por el Ente Metropolitano Córdoba. La firma se realizó en el marco de las actividades por la Semana de la Memoria y reunió a autoridades de 19 localidades de la región.
En representación del municipio participó el presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Medrano, quien acompañó el acuerdo que prevé la futura sanción de una ordenanza local para formalizar la adhesión.
Un compromiso regional en un sitio de memoria

El acto se desarrolló en el Espacio para la Memoria Campo de la Ribera y fue encabezado por el titular del Ente Metropolitano Córdoba, Rodrigo Fernández, junto a la secretaria de Derechos Humanos y Diversidad de la Provincia, Tamara Pez, y el director del espacio, Samir Juri.
Durante la jornada, intendentes y autoridades legislativas acordaron promover en sus localidades la adhesión a la Ley Sonia Torres, en una acción conjunta que busca fortalecer las políticas públicas vinculadas a la memoria y los derechos humanos en toda la región metropolitana.
Mendiolaza se sumó así a otras ciudades como Colonia Tirolesa, Saldán, Río Ceballos, Monte Cristo, Piquillín, Lozada, Río Primero, Despeñaderos y Estación Juárez Celman. A su vez, el acuerdo se integra a un proceso ya iniciado por municipios que cuentan con la normativa, como Córdoba capital, Salsipuedes y Villa Parque Santa Ana, entre otros.
Qué establece la Ley Sonia Torres
La Ley Provincial 10.962 establece la capacitación, sensibilización y concientización obligatoria en materia de Derechos Humanos para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, abarcando a los tres poderes del Estado.
La normativa fija que la Autoridad de Aplicación será el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia, encargado de diseñar los contenidos, coordinar las capacitaciones y supervisar su cumplimiento.
Entre los contenidos mínimos que deben abordarse se incluyen los principios básicos de los derechos humanos, prácticas respetuosas en la función pública, los sistemas de protección vigentes, jurisprudencia relevante y el proceso argentino de Memoria, Verdad y Justicia. También incorpora temáticas vinculadas a derechos de mujeres y diversidades, pueblos originarios, migrantes y personas con discapacidad, así como el estudio de genocidios y procesos históricos de discriminación.
Asimismo, la ley establece que cada organismo público es responsable de garantizar la implementación de las capacitaciones y prevé sanciones ante su incumplimiento.
Memoria, a 50 años del golpe
Durante el acto, las autoridades destacaron la importancia de avanzar con este tipo de políticas en un año particularmente significativo, al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976.
El presidente del Ente Metropolitano, Rodrigo Fernández, remarcó la necesidad de “darle una perspectiva metropolitana a una fecha tan significativa”, mientras que la secretaria Tamara Pez valoró el compromiso de los gobiernos locales y sostuvo que la ley “fortalece las gestiones municipales”.
Por su parte, Samir Juri destacó que la iniciativa permite “territorializar las políticas públicas de memoria”, y el ex detenido político Rodolfo Novillo subrayó el valor formativo de la norma en la construcción de ciudadanía.
El encuentro incluyó además la entrega de material bibliográfico a las autoridades presentes, en reconocimiento a su compromiso con el fortalecimiento de la vida democrática.
Con esta firma, Mendiolaza da el primer paso hacia la adhesión formal a la Ley Sonia Torres, en línea con una agenda regional que busca sostener y profundizar las políticas de memoria, verdad y justicia.
