Daniel Salibi en la causa de las “facturas truchas”
Por administración fraudulenta contra la administración pública, procesaron al exintendente de Mendiolaza. Junto a Cayetano Canto, está involucrado en la sustracción de fondos de la Comunidad Regional Colón mediante el uso de facturas apócrifas. Salibi era secretario de la entidad y el perjuicio a la entidad fue de $9.300.000. El juez federal Alejandro Sánchez Freytes dictó el procesamiento del exintendente por administración fraudulenta contra la administración pública, sin prisión preventiva. Se le trabó un embargo por $5.500.000.
Una maniobra con facturas falsas y un perjuicio millonario
En el marco de la causa por evasión tributaria y fraude con facturación apócrifa, el juez federal N°1 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, procesó a Néstor Daniel Salibi —exintendente de Mendiolaza y actual asesor de la Unicameral— por “haber sustraído de las arcas de la Comunidad Regional, hacia un destino no determinado aún, la suma de $9.272.802”.
Según el fallo, Salibi habría actuado junto a Cayetano Del Valle Canto, en ese momento presidente de la Comunidad Regional y jefe comunal de Saldán, “abusando de sus funciones y violando sus deberes de fidelidad, con la finalidad de obtener un provecho indebido para sí y/o para terceros allegados”.
Para concretar la maniobra, los imputados “habrían contabilizado en sus cuentas, gastos ficticios por el pago de servicios que no habrían sido efectivamente prestados, utilizando facturas apócrifas proveídas por Natalia Soledad Vieyra Ferreyra, Diego Alberto Vieyra Ferreyra y otras personas aún no identificadas”.
El fallo indica que “las órdenes de pago, en su mayoría, habrían sido firmadas por los imputados” y que la forma de pago registrada era “transferencia/efectivo”. Se destaca que los pagos “se habrían realizado en efectivo y no por medio del libramiento de cheques”, ya que según el juez los cheques hubiesen implicado “una logística de personal de confianza que realice dichas maniobras”.
En el expediente también se observa que “no se pudo acreditar que efectivamente se hayan realizado” las obras a las que supuestamente correspondían las facturas, y que en documentación secuestrada en allanamientos se referencian de forma genérica como “obra salud, pavimentación, obra barrio, etc.”. Estos documentos habrían sido emitidos por personas que no son las individualizadas en las órdenes de pago o contra documentación, aunque sí están en la facturación.
El rol de funcionario como facilitador del delito
Para el magistrado, la maniobra habría sido posible porque los imputados “hicieron uso de sus conocimientos y poderes como responsables del municipio y las áreas de las entidades, aprovechando el acceso a las diferentes oficinas que les eran propias en tanto responsables”.
En su fallo, Sánchez Freytes explica: “La defraudación en perjuicio de la Administración Pública puede cometerse mediante estafa, conducta genérica establecida en el artículo 172 del Código Penal, y que en este caso requiere tres elementos para su configuración, estos son, el ardid, el engaño y el perjuicio. Tal como habría sido demostrado hasta el momento, el ardid y el engaño son demostrados por las acciones llevadas a cabo por los imputados, que habría determinado las modificaciones en la facturación y los registros contables de las entidades, algo necesario con anterioridad a la efectiva modificación realizada por el pago realizado por el tesorero, y una vez realizada tal acción se tuvo la capacidad de perjudicar patrimonialmente. En síntesis, al haber necesitado cambiar el proveedor real con uno ficticio –que es el que facturó-, queda demostrado que los imputados han incurrido en el ardid y en el engaño. Efectivamente, no fue sino cuando hubo realizado tal acción que fue posible perjudicar patrimonialmente al municipio de Saldán y la Comunidad Regional Colón”.
El procesamiento y el embargo
La imputación del exintendente en esta causa data de septiembre de 2020.
Recién en los últimos días juez resolvió “dictar el procesamiento sin prisión preventiva de Néstor Daniel Salibi, como coautor (…) por el delito de administración fraudulenta contra la administración pública (art. 174 inc. 5 del Código Penal)”.
Asimismo, ordenó trabar embargo “sobre sus bienes, hasta cubrir la suma de pesos cinco millones quinientos mil ($5.500.000), o en su defecto, inhibirlo de su libre disposición por igual monto”.
Durante la instrucción, Salibi negó los hechos y se abstuvo de declarar.
La causa de las “facturas truchas”
La causa abarca un total de 15.995 facturas emitidas desde el 1º de enero de 2018 que se encuentran bajo sospecha. De acuerdo a la investigación, “varios de los imputados habrían conformado la asociación ilícita para perpetrar delitos tributarios a través de la emisión y venta de facturas apócrifas”. Estas facturas eran emitidas por “usinas” sin capacidad económica o, directamente, mediante la falsificación de facturas verdaderas a las que se les alteraban los datos de cliente y monto.
Las claves fiscales de al menos 107 personas habrían sido utilizadas para esta maniobra. Algunos cedieron sus datos a cambio de dinero, un empleo temporal o para costear tratamientos médicos, mientras que otros afirman haber sido engañados. El caso más extremo es el de un joven de 19 años, que facturó 10 millones de pesos sin tener ingresos reales.
La organización habría vendido las facturas falsas a empresas y particulares con el objetivo de simular gastos y reducir su carga impositiva. Según consta en la causa, “la finalidad era generar crédito fiscal espurio, en parte para disminuir la base imponible de los clientes de la organización con relación a IVA y Ganancias”.
El fallo del Sanchez Freytes ordenó el procesamiento de 35 personas físicas y jurídicas. En la misma resolución, se dictó el sobreseimiento de otras 21 personas que habían sido incluidas en la acusación inicial.
